
El juez procura establecer las responsabilidades penales por el opioide envenenado, producido por los laboratorios HLB Pharma Group S.A y Ramallo S.A. La pista narco develó una oscura trama. Las incógnitas de un expediente complejo.
La Casación bonaerense, a través de su Sala II, denegó por "inadmisible" el recurso extraordinario que había sido presentado por la fiscal María Laura D'Gregorio, contra la absolución del exfuncionario municipal de La Plata, Mariano Bruera.
Región10 de diciembre de 2024De esta manera, se confirmó lo resuelto por ese mismo tribunal en julio pasado, cuando el hermano del exintendente de La Plata, Pablo Bruera, fue declarado absuelto en la causa penal que investiga las supuestas coimas cobradas para rezonificar terrenos destinados a realizar desarrollos urbanísticos financiados con fondos del Plan PROCREAR.
Mariano Bruera había sido condenado en primera instancia por el delito de asociación ilícita. Ayer, quedó formalmente notificada a las partes, el fallo de la Sala II de la Casación, emitido con los votos de Luis María Mancini y Mario Eduardo Kohan, que hizo lugar al planteo del defensor particular Alejandro Montone.
En ese dictamen, los jueces de la Casación ratificaron además la condena del empresario Gustavo Orlandi por pagar un soborno. A la vez se dispuso un juicio de cesura para el exfuncionario Enrique Sette, por los delitos de "exacciones ilegales y cohecho pasivo en concurso real". Casación ordenó una "nueva determinación de la pena conforme a la nueva condena que resulta de esta decisión".
La causa penal comenzó con la denuncia del ingeniero agrónomo platense Guillermo Andreau en 2014. El empresario aseveró que los entonces funcionarios del Gobierno municipal le pidieron 220.000 dólares para rezonificar un terreno de su propiedad, para luego dividirlo en lotes y venderlo a beneficiarios del plan de viviendas PROCREAR.
El fiscal que instruyó el caso, Jorge Paolini, terminó entonces con una condena. Los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas.
En primera instancia, el tribunal que emitió la condena, señaló con el voto del juez Claudio Bernard que al momento de la denuncia de los hechos juzgados "existía una administración municipal corrupta enquistada en funcionarios públicos, con distintos roles y funciones que se dedicaban a cobros indebidos de sumas dinerarias para otorgar la rezonificación de terrenos".
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