El escándalo de los ñoquis de Mosquera en la DGCyE

Una nueva investigación revela que las interventoras puestas por la secretaria general de UPCN-BA en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) tienen licencia con goce de sueldo y están liberadas de trabajo presencial en la Delegación. A su vez, cobran múltiples ingresos en distintos ministerios y organismos, así como en la Comisión Directiva del gremio.

Región17 de diciembre de 2024
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Escribe: Quirón

 

El escándalo gremial en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) parece no  terminar y sigue sumando nuevos episodios a una saga que impacta de lleno en las  aspiraciones políticas de la secretaría general de UPCN en la provincia, Fabiola Mosquera.

Al fraude de las elecciones pasadas en el ministerio, donde se le pidieron a los candidatos a delegados renuncias adelantadas a sus cargos, tras lo cual se echó a las autoridades gremiales ante la negativa de obligar a sus compañeros a someterse a la voluntad de Mosquera, ahora sale a la luz que las interventoras de la Delegación de la DGCyE están licenciadas con goce de sueldo y no concurren al ministerio, además de  cobrar sueldos por distintas ventanillas.

Mosquera cometió diversos errores en su intervención: obligó a los delegados a firmar  renuncias en blanco adelantadas como requisito para volver a presentarse a las elecciones, desoyó las denuncias por irregularidades de parte de la conducción histórica de la Delegación, utilizó renuncias entregadas y nunca aceptadas durante la gestión anterior de su antecesor Carlos Quintana, para remover a los dirigentes que se opusieron al destrato de la secretaria general, intervino “de prepo” la Delegación causando un gran malestar en los trabajadores y para colmo ejecutó la intervención y el desalojo de la  Delegación sin nombrar a las interventoras que la realizaron y al día de hoy aún no se oficializó la elección realizada allí hace meses.

En esta sucesión de errores tácticos, el problema se le volvió estratégico ya que desnuda la falta de capacidad de Mosquera para conducir y ordenar un problema que se le salió de las manos por querer imponer su nombre como “la sigla de UPCN” como ella misma definió, y comienza a destapar las inconsistencias del gremio puertas adentro, así como la

complicidad de las autoridades del ministerio.

Ahora se conoce que las cuatro interventoras Marisol Cánepa, Eugenia García, Virginia  Díaz y Elsa Romero, no solo no cumplen sus tareas ya que gozan de una licencia gremial  con goce de sueldo, sino que además cobran salarios múltiples en sus cargos en la   Comisión Directiva del gremio, en otros ministerios y como auxiliares en los Centros de  Formación de UPCN-BA.

Así, las interventoras que llevan menos de 6 meses en sus cargos, no tienen la obligación  de asistencia y se encuentran liberadas de trabajo presencial en la Delegación de la DGCyE. Además, en el sistema figura el cobro por viáticos y horas cátedras.

Otra de las prácticas escandalosas que promovió Mosquera es la presencia en la  intervención “en las sombras” de Silvina Di Yorio, quien si bien no figura en la resolución de intervención tiene un importante peso en las decisiones y el disciplinamiento que se  imponen en la Delegación, pese a figurar como trabajadora de IOMA y tener un cargo de  directora en el Ministerio de Transporte provincial del polémico Jorge D'Onofrio, cargo por la que también se la señala como “ñoqui”. 

Otra de las interventoras sin nombramiento es Mariela Rodríguez, quien es la esposa del Tesorero de UPCN-BA y triunviro de la CGT Regional La Plata, Héctor Nieves. T

iene un cargo base en el Registro de las Personas.

En concreto, las interventoras, oficiales y extraoficiales de Mosquera ocupan los cargos en el gremio como secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato (García), subsecretaria gremial No Docente (Romero), secretaria administrativa (Rodríguez), secretaria gremial Docente (Díaz) y secretaria Zona 12. Por estos cargos, cada una recibe una remuneración de aproximadamente $500.000 por pertenecer a la Comisión Directiva del gremio, además de viáticos y cargos en el ministerio.

Para sumar una cuota más de polémica a la saga, la Comisión Directiva obliga a sus miembros a dar de alta el Monotributo y facturar a UPCN como “cobro de servicios” sus  haberes, algo que es incompatible con la figura de Asociación de la organización y podría  abrir un expediente por lavado de activos y defraudación. 

Asimismo, cada una de las interventoras de Mosquera cobra un haber por sus cargos  originarios en otros organismos y ministerios, a saber: García figura en ARBA y es asesora de un legislador provincial, mientras que Díaz se desempeña como docente y Romero y Cánepa como auxiliares de escuela.

Por sus sueldos como interventoras en la DGCyE, cobran $1.373.732 (Cánepa), $1.138.287 (Díaz), $890.523 (Rodríguez en concepto de horas cátedra), y $593.677 (Romero). A esto debe sumarse lo que cada una cobra en sus otros cargos además de la  Comisión Directiva.

Los sueldos “ñoqui” de las interventoras revelan una práctica que se puede verificar también en otros ministerios y explican en buena medida por qué los afiliados migraron masivamente los últimos años al otro gremio del sector ATE, perdiendo el peso que antaño constituyó el sindicato en la provincia y poniendo incluso en jaque la posición de  UPCN como la organización con más representatividad a nivel nacional. En provincia, el gremio que supo encabezar Carlos Quintana ocupa actualmente el tercer lugar en la  representación de trabajadores de la Administración Pública.

“Estamos a pasos de lograr un cambio en la correlación de fuerzas en el sector público y esto nos permite ponerle un freno a la destrucción de los salarios y el empeoramiento  constante de nuestras condiciones de trabajo”, señaló el líder del gremio verde, Rodolfo  Aguiar en las últimas semanas y agregó que, “desde hace 3 años, fecha en la que se  realizó el último conteo, nuestra entidad ha tenido un crecimiento constante pero en los  últimos meses se aceleró”. El dirigente oriundo de Río Negro afirmó que “muchos” de los  nuevos afiliados provienen de UPCN.

Cabe preguntarse también, cuál es el rol del ministro a cargo de la DGCyE, Alberto Sileoni

en el enfrentamiento intersindical. No solo tiene un escándalo por fraude en los comicios de la Delegación, sino que además comienza a ser apuntado como “cómplice” en la  persecución y expulsión de las autoridades que precedieron a la intervención y muchos  comienzan a preguntarse también ¿por qué sostiene a funcionarios que llegaron al ministerio de la mano de María Eugenía Vidal (PRO) en su paso por el sillón de Dardo Roca? Hay quienes afirman también, que no es Sileoni quien maneja ahora la DGCyE, sino Mosquera.

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