Los cuatro abogados de La Plata apuntaron en su presentación ante el juzgado federal N° 7 a cargo del juez Sebastián Casanello contra el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a quienes sindicaron por graves delitos.
En el documento al que tuvo acceso Capital 24, los letrados cuestionaron la falta de ejecución de los fondos asignados al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que pasaron a la órbita del Ministerio de Seguridad sin una efectiva implementación.
El escrito fue impulsado por los juristas platenses Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Noetzly y Francisco Sánchez Peralta endilgando los delitos de incumplimiento de sus deberes en relación con los incendios forestales que impactan por estos días en el sur de nuestro país y en la provincia de Corrientes.
Los letrados consignaron que el Gobierno argentino dispone de más de $33 mil millones para el SNMF en 2025, representando un aumento real del 46% respecto al año anterior; no obstante en la denuncia se indicó que la ejecución de estos fondos ha sido prácticamente nula, limitándose a una escasa inversión por parte de la Administración de Parques Nacionales.
El documento pone de manifiesto la posible existencia de intereses ocultos detrás de la falta de acción estatal ante la desinversión y la ausencia de medidas efectivas que estarían vinculadas con la intención de empresarios y sociedades offshore de adquirir tierras devastadas por el fuego a precios irrisorios.
Los penalistas platenses pidieron al magistrado que se levante el secreto financiero de personas y empresas vinculadas con operaciones inmobiliarias en la Patagonia a la vez que alertaron sobre la criminalización de comunidades indígenas y activistas ambientales, quienes en reiteradas oportunidades han sido marcados como responsables de los incendios sin pruebas concluyentes.
Esas falsas denuncias, según señalaron, tiene la intención de ocultar a los verdaderos beneficiarios de la destrucción ambiental. Además, los juristas aseguran que el Gobierno nacional ha realizado una "derogación de facto" de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, que obliga al Estado a destinar recursos para la prevención y combate de incendios. La falta de ejecución de fondos y la desarticulación del sistema de emergencias serían pruebas de ello.
