Un equipo de letrados de nuestra ciudad también acusó a la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Exigieron la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025. Aseguran que se violó la Constitución y se infringieron leyes nacionales.
Región21 de marzo de 2025
Exigiendo la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 179/2025, desde la ciudad de La Plata, un equipo de letrados radicó ayer una denuncia penal contra el presidente Javier Milei; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva; y otros funcionarios de la órbita nacional.
La presentación judicial fue formulada por los penalistas platenses Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta.
La denuncia interpuesta en el juzgado federal en turno, da cuenta de la presunta violación de la Constitución Nacional y de leyes que regulan la toma de deuda pública. También se advierte en torno a un posible conflicto de intereses en el vínculo entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional.
Para los letrados, el DNU habilitaría al Poder Ejecutivo a acordar operaciones de crédito público con el FMI sin la debida intervención del Congreso, por lo tanto, eso contraviene el Artículo N° 75, incisos 4 y 7 de la Constitución, que establecen que es el Congreso el que tiene la potestad exclusiva de aprobar empréstitos y definir el pago de la deuda.
En el documento al que tuvo acceso Capital 24 se indica que el DNU avasalla la Ley N° 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que prohíbe la toma de deuda con organismos internacionales sin aprobación legislativa.
Los abogados de La Plata aseveran que la “urgencia” invocada para justificar el DNU es infundada, ya que las negociaciones con el FMI comenzaron en diciembre de 2024. En ese sentido, indicaron que la posterior refrenda por una sola Cámara del Congreso “no es suficiente para subsanar esta falta de legalidad y transparencia en la toma de decisiones”.
A modo ilustrativo, los letrados esgrimieron que la designación de Sturzenegger como integrante del "Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento" del FMI, por invitación de Georgieva, lo posiciona en una posición de conflicto de intereses: mientras ejerce un rol clave en la administración de Milei, también asesora al organismo con el que el país negocia su financiamiento.
Esta situación de encontrarse, como se lo denomina en la jerga de “estar a cada lado del mostrador”, comprometería su imparcialidad e independencia, ya que se encuentra en ambas partes de la negociación: como ministro del Gobierno argentino y como asesor del FMI, remarcaron los denunciantes.
En rigor, la presentación judicial se inscribe en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 25.188, que obliga a los funcionarios a privilegiar el interés público sobre el particular y a abstenerse de intervenir en asuntos donde puedan existir conflictos de intereses.
De allí que los abogados de La Plata consignaron que el Código de Conducta del FMI, exige a sus funcionarios y asesores evitar cualquier actividad que entre en conflicto con los intereses del organismo o que pueda afectar su reputación. Por ello, los denunciantes aseveran la participación de Sturzenegger con “doble rol” podría vulnerar las normativas del propio FMI y del Estado argentino.
En su conjunto la presentación formulada en sede penal solicita que se investiguen los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículos 248 y 249 del Código Penal), si se determina que el DNU fue dictado para favorecer intereses personales y no los de la Nación.
También se pidió que se indague sobre los delitos de tráfico de influencias y falsedad ideológica, si se comprueba que Sturzenegger utilizó su doble rol para beneficiar al FMI en detrimento del país.
El pool de delitos lo completa la violación de secretos y delitos contra la administración pública, en caso de que se detecte un acuerdo irregular que afecte la soberanía argentina.
Como corolario de la detallada petición, los denunciantes requirieron en el juzgado interviniente que se investigue, en particular, la posible existencia de “un plan sistemático para garantizar condiciones ventajosas al FMI en perjuicio de la economía argentina”, lo que podría derivar en acusaciones mucho graves.
Además de los denunciados Milei y Sturzenegger, el equipo de abogados de nuestra ciudad apuntó a Georgieva, a quien sindicaron por haber promovido la designación de Sturzenegger en el organismo mientras se llevaban adelante las negociaciones con Argentina.
Los denunciantes también apuntaron contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien señalaron por su rol en la negociación con el organismo; y el propio Fondo que, según los abogados platenses, habría facilitado una estructura que favorece la vulneración de la soberanía nacional en la toma de deuda.
Si bien el Gobierno nacional defiende la necesidad del DNU para garantizar estabilidad financiera, los letrados platenses alertaron de sobremanera en su presentación que la Nación se encuentra ante “una maniobra que elude los controles democráticos y pone en riesgo la independencia del país en materia económica”.
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