Lo dispuso el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta. Además de Jorge D’Onofrio fueron procesados una concejal de Pilar, un Juez de Faltas de nuestra ciudad y varios ex funcionarios del Ministerio de Transporte de la Provincia. Defraudación, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito son los cargos.
Región11 de abril de 2025
En un resonante dictamen en la causa que investiga un negociado millonario con el sistema de recaudación de las multas y la VTV, la justicia penal de La Plata imputó ayer al exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, como partícipe necesario de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
En el marco de esta causa de la que viene informando Capital 24, la medida fue dispuesta por el fiscal Álvaro Garganta y además de D’Onofrio fueron sindicados otros 15 exfuncionarios, entre los que se encuentra un Juez de Faltas de nuestra ciudad.
El expediente se inició con la denuncia formulada por Elisa Carrió, la diputada nacional de la Coalición Cívica Paula Oliveto y el dirigente del espacio Matías Yofe. La fiscalía ordenó allanamientos y secuestros de documentación durante la etapa investigativa.
Ayer, el fiscal Garganta dispuso que los funcionarios imputados que obedecían a D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como “gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
Para el fiscal, esos “gestores” ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar. Esas “quitas de deudas” derivó en enormes pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
Según se acreditó, esa maniobra generó una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas. En el expediente se indica además que siete empresas beneficiadas habrían sido obligadas a contratar previamente con la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, encargada de asignar turnos para la VTV y percibía una comisión del 8,5% (más IVA) por cada operación.
La investigación judicial también alerta sobre irregularidades en la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil con la que se habría facturado de manera irregular los ingresos derivados de las infracciones de tránsito captadas por al menos 155 cinemómetros instalados en diversos municipios bonaerenses como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen.
En diciembre de 2024, semanas después de que se hiciera público el hecho, D’Onofrio renunció a su cargo como ministro de Transporte del gobierno de Axel Kicillof y fue reemplazado por Martín Marinucci.
La imputación alcanza a otros funcionarios además de D’Onofrio. Aparece implicada Claudia Pombo, concejal de Pilar (por el escándalo, tuvo que renunciar a la presidencia del Concejo Deliberante) y pareja del ministro. Aliada cercana al exfuncionario, al parecer sería la responsable de coordinar las actividades de los “gestores” que malversaban el sistema de multas.
Otra de las imputaciones fue dirigida a Mario Quattrochi, un Juez de Faltas de La Plata que habría facilitado la eliminación de infracciones a cambio de exacciones, coimas o sobornos.
Asimismo, la lista de implicados continúa con Sebastián Desio, presidente de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., a quien se lo señala por la obtención de contratos para proveer servicios tecnológicos a las concesionarias de la VTV.
Finalmente, en la causa fueron procesados Pablo Javier Sanguinetti, ex titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, Tomás Uthurriague, ex titular de la Dirección de Informática de la DPPSV, y otros exfuncionarios muy cercanos a D’Onofrio durante su gestión en la cartera de Transporte.
El próximo paso que dará el fiscal Garganta será fijar fecha y horario para cada una de las audiencias indagatorias de los 16 imputados.
La causa comenzó a instruirse en octubre de 2023. D’Onofrio trató de permanecer en su cargo y lo hizo durante algunos meses. Renunció recién el 30 de diciembre del año pasado.
El último hecho por el que fue imputado D’Onofrio tiene que ver con la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector y que tiene al menos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios. Para el fiscal, “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito”.
Esa información se desprende de un documento que aportó el propio Ministerio de Transporte. Allí se indica que en la provincia de Buenos Aires hay 1404 cinemómetros, de los cuales 155 fueron provistos por CECAITRA y registran “Sin acto administrativo por lo que se entiende que carecen del certificado de conformidad respectivo”.
Tal como adelantó Capital 24, hace diez días, el fiscal Garganta allanó la sede de CECAITRA y el domicilio del presidente de la empresa, Bernardino Antonio García, a quien se le secuestró un teléfono clave que luego fue sometido a pericias.
En tanto, D’Onofrio también está siendo investigado por el juez federal de Campana Adrián González Charvay por el delito de lavado de dinero. En esa causa, se allanó una financiera en el microcentro de CABA donde se incautaron $ 62.915.500, USD 254.254, 4.600 euros, y 112 mil reales.
También se realizó otro procedimiento en un domicilio donde funcionaría una empresa que le había prestado dinero a Facundo Asencio (ex Director de Fiscalización y Control) para comprar un auto de alta gama. En ese domicilio, ahora se encuentra otra empresa.
El juez de Campana también ordenó secuestrar datos de la empresa que administra el sistema de Telepeaje, para determinar si había vínculo entre algunos de los imputados, y en un edificio de co-working donde podría haber información valiosa de una de las empresas investigadas.
En diciembre pasado, el juez González Charvay ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. De manera que en este fuero se sigue una investigación tan compleja como la instruida en los tribunales penales de La Plata, aunque por maniobras y delitos muy similares.
Desde la justicia platense, el ex funcionario sumó una nueva causa penal en su contra. En el inmueble arrendado funcionaba la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial. La sociedad fue constituida un día antes del negocio. La “propietaria” trabajaba en tareas de limpieza en la casa del imputado.
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