Repudian la disolución del Instituto Nacional Yrigoyeneano

La iniciativa del bloque opositor iba a ser considerada en la sesión del jueves último, la cual fue suspendida por el presidente del cuerpo, Marcelo Galland (Unión por la Patria) una vez que se conoció la condena a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por parte de la Corte Suprema de Justicia.

En cuando a la disolución de dicho organismo que estudia e investiga la figura del dos veces presidente de la Nación y líder de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, la normativa del Gobierno nacional dispuso la fusión del mencionado Instituto, creado por la Ley N° 26.040, y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, creado por el Decreto 26/97, y cuya vigencia fue restablecida por la Ley 25529. 

Ambos conformarán una unidad organizativa dedicada a la investigación, el estudio, promoción y difusión de personalidades históricas destacadas y próceres nacionales, que dependerá de la Secretaría de Cultura de la Nación. 

Cabe destacar que Yrigoyen fue el primer presidente de la Nación elegido por voto universal, secreto y obligatorio para el período 1916-1922. Su sucesor fue otro radical, Marcelo T. de Alvear por el período 1922-1928. En 1928 volvió a ser electo presidente y un golpe de Estado perpetrado por las fuerzas armadas el 6 de septiembre de 1930 lo derrocó, oportunidad en que la turba ingresó en el modesto departamento que habitaba en la calle Brasil (Ciudad de Buenos Aires) para saquear, destruir e incendiar todos los bienes que estaban en su interior. Marchó detenido a la Isla Martín García y al regresar del presidio se alojó en un departamento de altos en la calle Sarmiento 944, donde murió el 3 de julio de 1933.

En otro orden, la mencionada Secretaría de Cultura encabezada por Leonardo Cifelli conformará un Consejo Asesor ad honorem, integrado por un representante del quehacer teatral por cada una de las regiones culturales argentinas, el que asesorará con carácter no vinculante a la unidad organizativa.

Al argumentar su decisión, el Ejecutivo nacional recordó la sanción de la Ley N° 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que, entre otras cosas, declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, con posibilidad de prórroga por hasta dos años adicionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

“Por dicha ley el Poder Legislativo delegó al Poder Ejecutivo nacional facultades referidas a materias determinadas de administración y vinculadas a la situación de emergencia que fuera declarada, todo ello por el plazo mencionado precedentemente”, se estableció en el decreto.

“Se establecieron como bases para la referida delegación legislativa: a) mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; b) reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y c) asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública Nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas”, se indicó en la resolución.