Con el 8° puesto, la UNLP se consolida como referente nacional en transparencia institucional

En dicho Índice, la UNLP obtuvo una calificación de 95,7 puntos sobre 100, lo cual destaca su liderazgo institucional en la promoción de una gestión moderna, ética y accesible.

Según se explicó, este resultado representa mucho más que una mejora respecto de la medición anterior (donde la UNLP ocupó el 9º lugar): se trata de la “validación objetiva de una política estratégica sostenida por la Universidad, que reconoce a la transparencia y al acceso a la información pública como ejes centrales de su identidad institucional”. 

El relevamiento posiciona además a seis universidades públicas nacionales (San Martín, Mar del Plata, Cuyo, La Plata, Lanús y Quilmes) dentro de los primeros diez lugares del ranking general, lo que evidencia el compromiso sostenido del sistema universitario con la consolidación de políticas de Estado basadas en la apertura de la información, el control ciudadano y la rendición de cuentas.

“La ejecución de esta política se desarrolla desde la Universidad en su conjunto, a través de un trabajo articulado entre las distintas áreas responsables de los portales institucionales, con coordinación técnica a cargo de la Dirección de Ética y Transparencia Pública, dependiente de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y Legales”, explicaron en la sede de la UNLP. 

Seguidamente, sostuvieron que “el rediseño integral del Portal de Transparencia Activa, su adecuación a los criterios más exigentes definidos por la AAIP y la mejora continua en la publicación de datos han sido factores determinantes para alcanzar este nivel de cumplimiento”. 

La UNLP, en particular, se ubicó por encima de organismos de alta jerarquía institucional como el Ministerio de Economía (puesto 15), el Ministerio de Capital Humano (16) y la Sindicatura General de la Nación (24), lo que refuerza su protagonismo como actor público relevante en materia de integridad y transparencia.

El índice, basado en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 27.275, evalúa el grado de accesibilidad, claridad, estructura y reutilización de la información que los organismos públicos deben poner a disposición de la ciudadanía. La normativa garantiza que cualquier persona pueda acceder a esa información sin discriminación, sin necesidad de justificar su solicitud y con la expectativa de obtener una respuesta clara y oportuna.

Desde la Presidencia remarcaron que “este reconocimiento no solo ratifica nuestro compromiso institucional, sino que reafirma el rol fundamental que las universidades públicas deben asumir como protagonistas en la consolidación de políticas de Estado que fortalezcan la democracia, garanticen derechos y promuevan una ciudadanía informada y activa”.