Abogado platense deberá seguir preso junto a ex juez por coimear presos

La jueza en lo penal de La Plata, Carolina Crispiani, rechazó ayer el arresto domiciliario solicitado por el abogado de nuestra ciudad, Lorenzo Ducid (72), quien se encuentra detenido por “asociación ilícita y tráfico de influencias” en el marco de la megacausa de la “banda de los jueces”, que tiene detenido al ex juez de la Casación y ex dirigente de Estudiantes de La Plata, Martín Ordoqui y condenado al ex juez de Garantías, César Melazo.

Región07 de noviembre de 2024
15 SEGUNDA

Ayer, la magistrada Crispiani consideró que la prisión preventiva del abogado Ducid ante los graves delitos que se le endilgan justifica los peligros procesales de fuga y entorpecimiento por sobre los problemas en el estado de salud que alega el imputado. 

Crispiani remarcó en su resolución que Ducid puede recibir atención sanitaria dentro del alojamiento carcelario en el que se encuentra. La defensa había dicho que el acusado tiene que practicarse una cirugía médica. 

La doctora Crispiani enfatizó que Ducid se mantuvo prófugo durante más de dos años tras la orden de detención. Eso evidencia su capacidad para evadir a la justicia y refuerza el riesgo de fuga, subrayó la magistrada. También sostuvo que el acusado utilizó sus recursos e influencias para evitar ser capturado, lo que aumenta la preocupación sobre su posible comportamiento futuro.

Asimismo, la naturaleza de los delitos imputados a Ducid, relacionados con asociación ilícita y tráfico de influencias agravado, con la participación de funcionarios judiciales de alto rango, fundamentan la preocupación por la posible interferencia en el proceso.

Crispiani ponderó la complejidad del caso, la pluralidad de involucrados y el impacto en la administración de justicia, lo que justifica la necesidad de mantener la prisión preventiva.

Se acusa a Ducid de participar en una asociación ilícita que operó entre febrero de 2014 y diciembre de 2018, con el objetivo de obtener beneficios en causas penales para terceras personas. Esta asociación estaba compuesta por al menos dos hombres, uno de los cuales era un juez del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, y una mujer que era empleada judicial. También participaban tres abogados y otro hombre que facilitaba el cobro de los "servicios" de la asociación. La estructura de la asociación se caracterizaba por una división de tareas, utilizando las influencias y los conocimientos de sus miembros para lograr sus fines.

En otro de los hechos se acusa al abogado de ofrecer, a cambio de una contraprestación ilegítima, una mejora en la situación procesal de una mujer que estaba siendo investigada en causas penales. Este hecho habría ocurrido entre noviembre de 2014 y septiembre de 2020. 

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