Ordenan detener al concejal Facundo Albini, su padre Claudio y a otras 15 personas por las tarjetas de la Legislatura

El juez de garantías de La Plata, Federico Guillermo Atencio, ordenó ayer la detención del concejal massista Facundo Albini, de su padre Claudio, exsubdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, y de otras 15 personas, entre ellos presuntos empleados ñoquis que desde 2021 hasta ahora facilitaban sus tarjetas de débito para que el puntero del PJ, Julio “Chocolate” Rigau, cobrara sus sueldos de 850.000 pesos cada uno para el financiamiento de la política. 

Para el juez Atencio, junto con Rigau –quien ya se encuentra detenido bajo prisión preventiva-, todos los imputados están acusados de defraudar a la Legislatura en al menos 800 millones de pesos.

En la resolución judicial se indicó que Albini padre y su hijo, que además es apoderado del Frente Renovador de Sergio Massa, están sindicados de asociación ilícita y la fiscal Betina Lacki había pedido su detención al considerar que pueden obstaculizar la actuación de la justicia. 

El mismo argumento adujo la fiscal con los titulares de las tarjetas de débito de quienes se estableció que no prestaban funciones y que en rigor, se trataba de “presta nombres” para tener obra social y aportes, mientras dejaban que “Chocolate” Rigau extrajera el dinero de sus haberes mensuales en distintos cajeros automáticos, a modo de recaudación para los Albini. 

Ayer, el juez Atencio convalidó la hipótesis fiscal. También ordenó a instancia de la fiscal, la detención de Graciela del Carmen Anivarro, Raúl Boragina, Marisol Correa, María Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Teodomiro Falcon Ramírez, Raúl Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belén Maroni, Sánchez Ricardo Mario, Sosa Ramón Alberto y Valdata Paula Alejandra. Estos últimos están sindicados de fraude a la administración pública. Y los Albini, padre e hijo, de fraude y asociación ilícita.

También ayer, en horas de la tarde, por orden judicial varios efectivos de la Policía Federal Argentina allanaron el domicilio del concejal que está ubicado en la localidad de Gonnet.

Otros dos celulares 

En otro tramo del resolutorio, el juez Atencio dispuso ordenar la inhibición general de las cuentas bancarias vinculadas a las tarjetas de débito incautadas como así también de las cuentas bancarias de Claudio Albini, así como ordenar el secuestro de los teléfonos celulares utilizados por Claudio Albini y Facundo Albini (en las elecciones del 22 de octubre fue reelecto como concejal para el período 2023-2027).

La evidencia contra los Albini surgió en la pericia al teléfono celular de Rigau. Sus chats dieron cuenta de que había empleados que no sabían ni lo que cobraban ni el trabajo que desempeñaban, que el dinero debía ser rendido sin faltantes a Claudio Albini, y en un caso que reclamaban que le den de baja en la Cámara de Diputados porque el estar en blanco le impedía cobrar las asignaciones sociales.

De las conversaciones periciadas, se desprende que “Chocolate” Rigau cobraba 200.000 pesos por mes para ocuparse de la recaudación de casi medio centenar de empleados ñoquis, dejarles parte del dinero a ellos y el resto “rendirlo” al massista Claudio Albini.

Rigau se encuentra bajo prisión preventiva dispuesta la semana pasada por el juez Atencio, quien lo acusó por más de 170 fraudes cometidos con las extracciones de las tarjetas de débito. 

Millonario perjuicio a las arcas del Estado

En las órdenes de detención, el juez Atencio argumentó que las pruebas reunidas en la causa “permiten por ahora acreditar que, aproximadamente desde el mes de enero de 2021 y hasta la actualidad, cuanto menos tres personas, el SubDirector de Personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, otro su hijo y un contratado por dicha institución (Rigau) integraron una organización que de modo habitual y permanente mediante acuerdo tácito o expreso, tenían el propósito de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en forma reiterada”.

Para ello, “contaron con la participación de 48 personas, quienes durante los años 2021, 2022 y 2023 suscribieron contratos de locación de servicios con la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por un salario que a la actualidad asciende a 850.000 pesos mensuales, sin que desempeñaran labor alguna a cambio de la remuneración percibida”, esgrimió el magistrado. .

Asimismo, el juez precisó que “al obtener las tarjetas de débito correspondientes a las cuentas creadas en virtud del contrato, algunas de esas personas hicieron entrega de las mismas a Julio Segundo Rigau -quien también suscribió contrato de locación de servicios- y otras fueron recibidas por Claudio Gustavo Albini para luego, el primero de los nombrados proceder a extraer el dinero de manera periódica a través de cajeros automáticos, generando de ese modo un falso cobro de haberes. Una vez recaudado a través de las gestiones realizadas por Facundo Albini, se rendían cuentas del dinero obtenido ante Claudio Gustavo Albini, quien le daba un destino diferente al que originariamente tenía, sea para beneficio propio o de terceros, logrando de tal forma defraudar a la administración pública ocasionando un perjuicio en las arcas del Estado por una suma que supera los ochocientos millones de pesos”.