El presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, José María Lojo, fue notificado por parte del secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), Adolfo Barja, de que llegaron a la última instancia de los reclamos laborales y por tal motivo decretaron el estado de alerta y movilización en dicha dependencia dependiente del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Región04 de febrero de 2025
Barja le cuestionó a Lojo “la falta de respuesta y compromiso por parte de usted y del gerente de Recursos Humanos, Mario Gygli”.
“A pesar de formalmente haber entregado cartas a través de la mesa de entrada del Puerto La Plata Consorcio PLP, nuestras demandas siguen sin ser atendidas”, precisó el secretario general del SUTAP.
Seguidamente, el referente sindical detalló cuáles fueron los reclamos que todavía no tuvieron respuesta por la autoridad portuaria:
- Falta de seguridad y herramientas de seguridad para los trabajadores.
- Sobrecarga laboral y asignación de tareas que superan la categoría de los trabajadores.
- Falta de acuerdo sobre los turnos rotativos, lo que llevó a la presentación de una demanda judicial.
- La falta de incorporación de la señora Cintia Ibáñez, viuda del fallecido Adrián Ricardo Beinat, a ocupar el puesto de trabajo que él desempeñaba.
“Además, hemos identificado casos de discriminación gremial y falta de personal, lo que obliga a los trabajadores a acomodarse para no perder su licencia anual de vacaciones”, destacó Barja.
En otro orden, como se recordará, la semana pasada Capital 24 dio cuenta de un hecho escandaloso en el Puerto La Plata: fue porque le prohibieron el ingreso al dirigente gremial Claudio Alí, secretario general adjunto del Sindicato Unidos Portuarios
Argentinos (SUPA).
Alí dijo que “como todos los días desde hace más de 40 años, fui a
trabajar y el personal de seguridad me impidió el paso por orden del presidente del
Consorcio, José María Lojo”.
El referente del SUPA está convencido que eso fue en represalia a sus sospechas por los
“excesivos gastos solidarios” del área que maneja el mencionado Gygli.
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