El fiscal Álvaro Garganta fijó la fecha de indagatoria para el 28 de mayo. El extitular de Transporte bonaerense está imputado junto a varios exfuncionarios de esa cartera y un exjuez de faltas.
Región21 de mayo de 2025
Ante el fiscal penal de La Plata, Álvaro Garganta, y según se informó, ante el peso de las pruebas reunidas en su contra, el exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, pidió declarar en calidad de imputado.
Precisamente, el fiscal Garganta lo había imputado hace un mes por un negociado millonario con las multas y la VTV, que estaban bajo su responsabilidad. En la causa se acreditaron al menos tres maniobras bien diferenciadas. El sistema de recaudación más importante se concentró en el sistema de multas. Un grupo de funcionarios que dependían de D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como “gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
El fiscal fijó la fecha de indagatoria para el próximo 28 de mayo en donde le tomará declaración como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito (por las multas) y como autor por la maniobra de la VTV.
Junto a D’Onofrio, en total hay 16 imputados entre funcionarios judiciales, estatales, y empresarios del sector. La investigación judicial comenzó en octubre de 2023 aunque el extitular de Transporte renunció recién el 30 de diciembre del año pasado.
La operatoria bajo sospecha, se hacía iniciado en enero de 2022, cuando D’Onofrio llegó al ministerio de Transporte. Para la fiscalía, la organización tenía el aval de varios jueces de faltas. Entre los imputados aparece Mario Quattrocchi, titular del juzgado provincial de faltas de La Plata.
La fiscalía estableció que Quattrochi viajaba de manera frecuente al exterior junto a la presidenta del Concejo Deliberante de Pilar, Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio. También se comprobó que ambos estarían vinculados a dos emprendimientos gastronómicos en Málaga, en España.
En tanto, otra de las operatorias que está en la mira de la justicia tiene que ver con las irregularidades detectadas en la adjudicación de las concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT).
Para el fiscal Garganta, ese negociado fue concedido a siete empresas que previamente habrían tenido que contratar con la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que tendrían participación funcionarios del Ministerio de Transporte.
La empresa mencionada se ocupaba de asignar los turnos de la VTV, recibía a cambio una comisión del 8,5% (más IVA) de cada pago realizado.
La tercera maniobra que se acreditó en el expediente y por la que fue también imputado D’Onofrio, se relaciona con la contratación de la empresa CECAITRA. Se trata de una asociación civil que nuclea a pequeñas y medianas empresas del sector y que tiene al menos 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana, entre otros municipios.
CECAITRA, “habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito”, precisó el fiscal en su imputación.
En las últimas horas, los abogados defensores de D’Onofrio, Ramiro y Juan Pérez Duhalde, requirieron al fiscal una declaración indagatoria “espontánea”.
“De conformidad con el articulo 162 del CPP vengo a solicitar se fije audiencia para prestar declaración, solicitando se haga valer esta como la prevista en el articulo 308 CPP a todos sus efectos”, señala el pedido presentado por los abogados penalistas platenses.
Ayer, el fiscal Garganta concedió el requerimiento de la defensa. En tanto, el resto de las indagatorias aun no tienen fecha programada. Cabe señalar, tal como viene informando Capital 24, D’Onofrio también está imputado en otra causa conexa, por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
En ese expediente se lo sindica por el delito de lavado de dinero. El magistrado ya dispuso levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados y ordenó varios allanamientos.
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