
Con la declaración de dos nuevos testigos, se realizó la quinta audiencia del juicio por la desaparición y muerte de Johana Ramallo. En sus testimonios, dijeron que la joven había comentado que tenía miedo por las amenazas recibidas.
La fiscal citó a los padres de la menor víctima y a su psicóloga. En un fallo inédito la justicia en lo Contencioso Administrativo de nuestra ciudad ordenó una medida cautelar contra la Dirección General de Cultura y Educación.
Región06 de febrero de 2024Dos avances importantes se produjeron en la causa -sin precedentes-, que se investiga en el fuero penal de La Plata en la que por primera vez se indaga sobre las traumáticas consecuencias físicas y psicológicas que padecen los niños en el ámbito escolar y los contextos en los que se desoyen, se minimizan o se omiten esos flagelos por parte de padres y autoridades escolares, muchas veces derivando en efectos colaterales mucho más graves, incluso autodestructivos para la propia víctima.
Esta causa es investigada por la fiscal Ana Rubio, titular de la Unidad Funcional 4 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien en las últimas horas dispuso citar a los padres de la menor víctima y a su psicóloga para que amplíen la denuncia.
Precisamente, la causa penal se inició a fines de diciembre con la denuncia presentada por una nena de 9 años, a través de su familia. Allí imputó a un menor “agresor” -a pesar de su inimputabilidad por la edad-, sus progenitores y los directivos de la escuela
A la vez, en una presentación que realizó la familia de la menor víctima, en el fuero Contencioso Administrativo de La Plata para que se adopten decisiones urgentes previo al inicio de las clases, finalmente, ayer la jueza María Ventura Martínez hizo lugar a la medida cautelar.
En su dictamen, al que tuvo acceso Capital 24, la titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo de La Plata, ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación provincial y a las autoridades de la Escuela pública 108 de Ignacio Correas, implementar “medidas inmediatas y efectivas para que cesen los actos de hostigamiento denunciados”.
La menor víctima y su familia son asistidas tanto en el fuero penal como en el contencioso, por los abogados Darío Saldaño y Mariela Gutiérrez.
Daños, lesiones y abandono de persona
El dato singular que tiene la denuncia es que los padres de una nena de 9 años incriminaron directamente a un compañero de colegio de su hija. Considerando que es inimputable por su edad, hacen responsables en la causa penal a los padres del chico por los daños y lesiones y las autoridades escolares por abandono de persona.
La denuncia fue radicada por la familia de una nena de 9 años ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de nuestra ciudad por los delitos de “bullying y lesiones psíquicas”. Los denunciados son un menor de 10 años, sus padres como partícipes primarios y los docentes por “abandono de persona”.
En la presentación, formulada ante la Unidad Funcional de Instrucción 4 del Fuero Juvenil de La Plata, se pidió que, “a pesar que el menor autor no se puede imputar, la víctima tiene derecho a la verdad y la tutela estatal”.
El caso podría ser replicado por muchos otros, similares por sus causas, efectos y contextos de la vida escolar en los que se las autoridades suelen demorar el debido abordaje, minimizando los padecimientos -aduciendo que “son cosas de chicos”- y los padres de los agresores evitan intervenciones, tratamientos o terapias que podrían atemperar los daños ocasionados.
Por tratarse de menores de edad la identidad de los chicos y sus padres no se dará a conocer. Según el escrito presentado en sede judicial los hechos de bullying se produjeron en más de una ocasión cuando los nenes se encontraban en clase en la Escuela 108 de la vecina localidad de Ignacio Correas.
En el documento judicial se detalla que el chico agredió verbal y físicamente a la nena de 9 años. También se señala que el menor “aisló” a la nena del resto de los compañeros de aula “impidiendo su integración al grupo social”.
Ansiedad, angustia y baja autoestima
Esta situación generó en la nena “indicadores de ansiedad, angustia y baja autoestima”, dictaminó la psicóloga Valentina Kosak que fue propuesta como testigo por el abogado Saldaño, en representación de los padres de la nena.
El caso escaló en tal medida, que la menor dejó de asistir a clases y desea que la cambien de escuela porque “no aguanta más” la situación denunciada.
El “derecho a la verdad” es lo que se postula en la demanda. Allí se explica que, a pesar de la inimputabilidad del chico denunciado, la víctima “tiene el derecho al esclarecimiento de la verdad de lo sucedido”: “Los derechos de la nena “se han visto vulnerados por el Estado al colocarla en una situación de desprotección y desamparo por falta de prevención y medidas especiales de la institución educativa ante el hostigamiento en el marco escolar”, argumentó el abogado Saldaño.
“Nuestra hija tiene derecho a la verdad, ya que por encontrarse en una situación de vulnerabilidad en razón de su edad y género (…) ha visto menoscabado el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad”, expresaron los padres de la nena.
Saldaño sostuvo que los padres del menor serían “partícipes primarios” del delito de “lesiones psíquicas leves” ya que “incurrieron en una omisión en cuanto a ponerle un freno a la violencia y el bullying”.
El expediente
La causa es instruida por la fiscal Ana Rubio. La investigación ya estableció que en la escuela se redactaron al menos tres actas con las situaciones que padeció la menor, sin embargo, las agresiones continuaron.
De allí que la familia denunciante considera que los docentes y autoridades educativas incurrieron en el presunto delito de “abandono de persona”. En agosto de 2023 “los docentes minimizaban el hostigamiento sufrido por la niña en razón de los estereotipos de género tales como que si un niño maltrata o molesta a una niña es ‘porque le gusta’, así como también en todas las actas acompañadas que dan cuenta del conocimiento que tenía la institución y su omisión en adoptar las medidas adecuadas, colocándola así en una situación de desamparo poniendo en peligro su salud física y psicológica”.
“El acoso, el bullying y la violencia escolar sufridos por la menor a manos de su compañero le ha ocasionado una lesión de índole psíquica encuadrable en el art. 89 del Código Penal. Sus padres entablan esta denuncia para evitar que el bullying continúe y la mencionada lesión se agrave”, señala la denuncia.
En ese sentido, el informe psicológico de la doctora Valentina Kosak es contundente: “A raíz de comentarios tales como “sos un monstruo, sos un asco, sos una vaga, tonta, fea, estúpida, puta, basura” entre otros; y constante amenaza de infringirle violencia física , la cual ya ha sido efectuada en más de una ocasión, y al aislarla del resto de sus compañeros impidiendo su integración al grupo social, la menor ha presentado indicadores de ansiedad, angustia y baja autoestima -evidenciada por la presencia de imágenes amenazantes y hostiles junto con mecanismos de aislamiento, inhibición y vuelta contra la propia persona en su autopercepción”.
Kosak acreditó la “presencia del trauma” en la niña. El abogado Saldaño manifestó que, de no repararse el daño sufrido, entre otras medidas a través del esclarecimiento de la verdad, mediante una sentencia judicial, cesar el bullying y la violencia escolar en general y someterse a la menor a un tratamiento psicológico adecuado, la lesión podría llegar a profundizarse, convirtiéndose “estos trastornos en crónicos y permanentes, pasibles de ser como mucho, mitigados sus síntomas, pero muy improbablemente curables, adquiriendo la lesión el grado de gravísima, con posibles conductas autodestructivas”.
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