Asegura que en esos centros se oculta “el más cruel y degradante de los encierros” cuando se ofrecen tratamientos alternativos contra el consumo. Esas irregularidades, según manifestó, genera oscuros dividendos para los encargados de las granjas.
Región12 de noviembre de 2024
La abogada platense Magalí Ledesma, perteneciente a ARDA (Asociación Reducción de Daños Argentina), denunció ayer que detrás de muchas "comunidades terapéuticas", usan el pretexto de ofrecer un tratamiento alternativo contra el consumo, pero que allí se oculta “el más cruel y degradante de los encierros".
"En la mayoría de los casos, los pacientes son sometidos a la esclavitud, hacinamiento y trabajo forzado, generando dividendos para los encargados de las granjas. Otro de los aspectos oscuros de estas ´granjas´ es la forma de captación de los pacientes”, indicó la letrada quien además es docente en la Universidad Nacional de La Plata.
El reclamo judicial estuvo dirigido a las dependencias de Salud Mental y Adicciones, tanto bonaerense como nacional, y quedó de manifiesto en los alegatos del juicio que se lleva adelante por la muerte de 5 personas, 4 de ellas fallecidas luego de un incendio.
El siniestro ocurrió el 22 de febrero de 2022 en la sede de la comunidad terapéutica, ubicada en Los Chañares al 3900, localidad de La Lonja, Partido de Pilar. De allí que el juicio se ventila en el fuero penal de San Isidro.
Todo fue muy rápido. Los testigos declararon que en menos de cinco minutos toda la casa estaba prendida fuego. Cuatro de los 26 hombres internados no pudieron salir del predio, y según la autopsia, perdieron la vida por inhalar monóxido de carbono y ácido cianhídrico. Se llamaban José Nahuel Castaño (22 años), Nicolás Claudio Ortiz (24), Nicolás Ezequiel Bisbal (37) y Rodrigo Ariel Moreno (25).
Los delitos imputados son muy graves. El veredicto para los acusados se conocerá a fines de noviembre. Se los sindica por homicidio simple, asociación ilícita, reducción a la servidumbre y estafas reiteradas.
Los datos duros grafican el escenario. De acuerdo a cifras oficiales de ARDA, las muertes dudosas en este tipo de contextos superan las 10 víctimas en los últimos años, por suicidios, ahogos, o incendios, entre otros factores.
En otro tramo de su planteo, la doctora Ledesma precisó: "Solicitamos al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que se declare la emergencia en el ámbito de las comunidades terapéuticas, para que sean investigadas tanto las habilitadas como las clandestinas, que son muchas y funcionan como un centro clandestino de detención. Por otro lado, es importante destacar que incluso las habilitadas aplican el programa Minnesota, que es lo que sucedía en Resiliencia San Fernando", explicó la abogada platense.
Ese apartado podría derivar en diferentes causas penales para que se investiguen en sus respectivas jurisdicciones a las distintas comunidades terapéuticas.
Hay derechos en juego. La letrada Ledesma consignó en relación al denominado "tratamiento modelo Minnesota" (tratamiento intensivo y de corta duración) que se trata de "una práctica totalmente abstencionista que atenta indiscriminadamente los derechos humanos del usuario, sin tener en consideración más que el sometimiento absoluto del paciente que requiere un tratamiento integral y mucho más complejo que la abstención total de estupefacientes".
"También pedimos que se apliquen los protocolos de investigación de muertes dudosas, los cuales desde la UIP- ARDA, fueron puestos a disposición desde el 2019”, señala el comunicado dado a conocer por la Agencia de Noticias Fueros, en el que la abogada Ledesma expresó que es “es importante que no sean más naturalizadas las muertes y las violencias en este contexto”.
“Hoy por hoy la reducción de daños es asumida como el paradigma que tiene la respuesta a esta encrucijada y hay evidencia científica sobre esto. Las y los usuarios de drogas, con problematización en los consumos, merecen ser tratados como pacientes del sistema de salud mental y no como personas privadas de su libertad. Esto es lo que se debatió en la última audiencia", sentenció la doctora Ledesma, profesora de Políticas de Drogas y reducción de daños de la UNLP.
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