El jubilado juez Carlos Alberto Mayón fue citado a prestar declaración testimonial en el juicio "1 y 60 y comisaría Octava", en el que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en La Plata.
Región20 de febrero de 2025
Mayón fue el titular del Juzgado Penal N°6 de nuestra ciudad y su testimonio fue solicitado por la letrada Sofía Caravelos, hija de Jorge Caravelos y Lucía Mirta Swica, secuestrados y asesinados en 1978.
La pareja fue vista en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) conocido como La Cacha y luego en la comisaría Octava (en 7 y 74).
Tiempo después, el Regimiento 7 documentó una falsa "salida en libertad" y montó un simulacro de accidente de tránsito en Florencio Varela, donde ambos fueron asesinados.
La Policía Bonaerense instruyó un sumario con la carátula "muerte por accidente y homicidio culposo", que luego se modificó a "N.N. o Jorge Caravelos/homicidio culposo". Esta causa quedó a cargo del juez Mayón, quien días antes había rechazado un hábeas corpus presentado por la madre de Swica.
Mayón archivó la causa sin notificar a los familiares de las víctimas, quienes fueron enterradas como NN en el cementerio de Florencio Varela y permanecieron desaparecidas durante años. Con el avance de las causas de lesa humanidad, Sofía Caravelos exigió que se modificara la carátula del expediente, en la que su padre aparecía como responsable de la muerte de su madre, y que Mayón fuera citado a declarar sobre su actuación en el encubrimiento del crimen.
El exmagistrado hará su declaración hoy en los tribunales de 8 y 50. Podría aportar detalles sobre cómo se manejaban las investigaciones en los tribunales platenses durante la dictadura. La querella procura establecer cuál era la información que manejaba Mayón o qué participación tuvo en el encubrimiento del asesinato de Caravelos y Swica.
En la causa que investiga las amenazas a un juez y a un fiscal, a través de una imagen de diez hombres encapuchados, empuñando ametralladoras y rifles de grueso calibre, diciendo que iban a matar a los magistrados, se definirá un pedido de libertad por parte de unos de los acusados.
Este domingo 18 de enero desde las 18:00 se llevará a cabo “Rock en el Parque”, un evento con entrada libre y gratuita organizado por la Municipalidad de Berisso, a través de la Secretaría de Gobierno y por medio de la Dirección de Cultura.
Finalmente, ayer se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación pública Nº 42/2026, la cual está destinada a definir cuáles serán las empresas que prestarán el servicio de micros durante los próximos 12 años en nuestra ciudad.
El comercio es muy reconocido en la localidad de Arturo Seguí. Aunque su nombre verdadero es “Casa Carlitos”, el nombre de su propietario fue la marca que lo distinguió en el vecindario y en toda la zona.
Un hombre de 32 años fue aprehendido recientemente tras protagonizar un violento episodio en un kiosco ubicado en la zona de Avenida 13 y calle 36, donde exigía alimentos y terminó rompiendo la vidriera del comercio ante la negativa del personal.
Las propuestas se llevarán a cabo este sábado y domingo con circuitos por el Eje Fundacional y los principales edificios emblemáticos del centro platense. Tendrán el objetivo de que la comunidad pueda conocer el patrimonio histórico, urbano y simbólico de la capital bonaerense.
La fiscalía de La Plata tomará esta semana 16 testimoniales. Un abogado de las víctimas confirmó que algunos de los ultrajes se produjeron en la Legislatura con el empleo de armas blancas y katanas. La pista del encubrimiento.
La aceleración inflacionaria y los cambios en el esquema cambiario impulsaron el regreso del carry trade y un reacomodamiento de carteras hacia instrumentos en pesos, con fuerte demanda de Lecaps de corto plazo que hoy ofrecen rendimientos reales positivos y superan ampliamente al plazo fijo tradicional.
El Parlamento Europeo remitió el acuerdo comercial UE-Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. La decisión suspende el proceso de ratificación y podría demorar hasta dos años la entrada en vigor de un pacto firmado tras más de 25 años de negociaciones, en un contexto marcado por protestas agrarias.
La fiscal imputó por otros cinco ultrajes a Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz procesados por liderar una secta y someter a vejámenes al menos a cinco mujeres. Hoy abren los celulares y dispositivos de los imputados para periciarlos.
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